Una vez más se ha desatado la polémica de poner nuestras vidas en manos de un perfecto desconocido, de una persona de la que ignoramos todo sobre ella: un juez,  un conductor de transporte, un cirujano…  no tenemos forma de saber si está chalado o se tronará en el momento más inoportuno.

Y se torna polémica por el choque emocional que supone contraponer esa extraña idea que tenemos sobre la seguridad, con la realidad de la indefensión permanente. Porque los humanos nos resistimos a reconocer que la seguridad 100%  sencillamente no existe.

Situaciones como subir a un avión con parte de los tripulantes tarados, o subir a un tren con una tecnología no adaptada al trazado político de la vía ni a la irresponsabilidad del conductor, o entrar al hospital donde anda suelta la doctora Noelia de Mingo, o que un tribunal te condene a 429 siglos de prisión sin saber ni como te llamas ni donde vives… provocan una dosis razonable de angustia.

¿Y qué hacemos para protegernos de esos riesgos?

Pues creamos unas normas que nos aseguren que en caso de estar chalado aquél en cuyas manos ponemos nuestras vidas, no tengamos posibilidad de enterarnos. Porque a nosotros, lo que más nos interesa es proteger los derechos del otro. Saber si es un alcohólico, o si esnifa hasta garbanzos o la condición de sociópata del tipo al que le estamos poniendo nuestra vida en sus manos no debe preocuparnos.

La ley impide a la empresa conocer los motivos por los que se da la baja médica a un trabajador, para proteger el derecho a la intimidad del trabajador. De esa forma se facilita que un chalado nos pueda degollar con un bisturí, volar la cabeza con su pistola de reglamento, estrellarnos en el vagón del metro, meternos en prisión, o lo que se antoje. Pero eso sí, con los derechos del chalado debidamente protegidos.

Igual, quizá, tal vez, posiblemente, haya llegado el momento de que nos lo hagamos mirar.