La alarma

En la primavera del pasado año, el sindicato UGT lanzó la voz de alarma sobre una de las chorizadas de un gobierno regional.En este caso se trataba de la Comunidad valenciana.

Más adelante, se supo que se trataba de la deuda contraída por la Comunidad de Valencia con el servicio de Correos, que, era de aproximadamente,  30 millones de euros. En realidad la deuda no era de toda la Comunidad valenciana, sino únicamente de su departamento de Justicia.

La pública denuncia debió resultar efectiva por dos razones: porque el gobierno regional se dio una prisa inusitada en asegurar que «Esa cuestión está en estos momentos resuelta porque se ha facilitado la fórmula económica para poder financiar los gastos atrasados»     y porque después no volvió a airearse el asunto.

¿Cómo es posible?

Uno, acostumbrado a la tarifa de un sobre y un sello de Correos, no puede evitar quedar intrigado por la forma en que alguien llega a conseguir una deuda de 30 milloncejos de euros con Correos.

La pista sobre la chorizada me la dan de forma involuntaria hace unos días: resulta que en la ciudad de Orihuela -no sé en otras ciudades valencianas, aunque cabe deducir que también- durante un tiempo   fue habitual (no sé si sigue siéndolo) que la comunicación entre los juzgados locales y el resto de los servicios regionales de justicia, se hiciese a través de un servicio de Correos denominado Burofax, acudiendo para ello un funcionario a la oficina de Correos en Orihuela, con los documentos judiciales en la mano.

Al parecer, los guardianes de la justicia valenciana, debieron considerar que el medio idóneo (o quizá lo creyesen incluso único) para enviar documentos y tratar de asegurar que el original y la copia enviada se correspondiesen,  acreditar  igualmente que la copia había sido enviada y también que había sido recibida sin alteración de su contenido, era utilizar como notario de la cosa al servicio de Correos.

Haciendo cuentas

El caso es que si nos ponemos a pensar en los documentos judiciales, sabemos que suelen ser extensos en contenido, y si hacemos un cálculo de lo que puede costar enviar un documento, nos llevaremos sorpresas.

Consideremos, por ejemplo un documento base -improbable- de tan sólo 5 folios. Comprobando las tarifas actuales de Correos, comprobamos que tiene un importe fijo de 7,43€ cada envío y una cantidad fija de 0,92€ por cada página. Como debe aplicarse el acuse de recibo, debemos sumar otros 5,00€ y la copia con certificación del envío son otros 13,19€, a los que finalmente adjuntaremos en su momento la correspondiente certificación de entrega a destinatario por otros 13,19€. Por si no dispone de una calculadora a mano, el servicio de Correos nos ofrece esta calculadora de precios, en la que podemos constatar que enviar por este medio UN FOLIO nos sale por 39,74€ impuestos incluidos. Y 10 folios más pues aproximadamente otros 10€ más.

Cómo funciona un cerebro trastornado (y sus asesores)

Desde un punto de vista conceptual, parece apreciarse que utilizando el servicio de Correos y su carácter de «oficialidad«, lo que debían pretender los funcionarios pensantes,  debía ser que el envío, su contenido inalterado y la recepción,  fuese refrendado por un organismo (notario) que gozase de la confianza tanto del emisor como del receptor.

Dado el siglo en el que se tomó la decisión, cabe considerar que  adoptar semejante método debió ser cosa de algún funcionario del alto nivel en la administración valenciana. Es probable incluso que tal funcionario tuviese a su disposición una caterva de asesores de las ciencias y tecnologías más avanzadas y sofisticadas. En cualquier caso es un misterio conocer la causa de tal decisión, aunque todo apunta a algo muy simple y habitual: la indigencia intelectual y el toque bucanero de quien maneja fondos públicos sin estar capacitado ni para ello ni para nada de utilidad social.

La ¿ignorancia? en el poder

Sin necesidad de hacer doctorados exhaustivos, resulta relativamente sencillo averiguar que en estas fechas existen unos notarios en los que resulta bastante plausible depositar la confianza por unos precios entre la nada y el poco, con la peculiaridad de que son notarios que están disponibles 365×24. Me refiero a las autoridades de certificación electrónica. Cualquier adulto con una capacidad de comprensión media, está en disposición de comprender las características de una autoridad de certificación electrónica, con un esfuerzo somero. Incluso podríamos maravillarnos al conocer de la existencia nada más y nada menos que de un Centro Criptográfico Nacional ¡¡ y del CNI, oiga !!

Entonces… ¿cuál es el motivo por el que en lugar de considerar y adoptar la solución del notario electrónico, una administración se embarca en procedimientos anteriores al hacha de sílex?.

La respuesta es de una sencillez insultante: la desconfianza en lo que no se conoce.

Si partiésemos del hecho de que la seguridad al 100% no existe, de que tan sólo es una ilusión, podríamos comprender que nuestra confianza o desconfianza no tiene motivos para diferenciar entre un servicio de Correos o un notario electrónico. Luego si esto es así, es más que probable que la actuación de quien tomó la decisión de utilizar un servicio generando semejante gasto, pueda ser catalogada,  como mínimo, como un acto de estupidez humana.

Y la pregunta siguiente es ¿por qué un gobierno utiliza a un estúpido?.