Quienes nos gobiernan planean de continuo como sacar más dinero de una población envejecida y en recesión demográfica, de una legión creciente de parados, y de un desgarro permanente del tejido empresarial. Lo que, a juzgar por lo visto en los últimos 36 años no planean, es renunciar a ninguna de sus prebendas, ni bajarse de sus carrozas ni salir de sus palacios, sino tratar de aumentar sus privilegios.
Por eso precisamente llama la atención que legislatura tras legislatura, esos gobernantes renuncien con insistencia a una más que generosa tajada: la tajada de los impuestos correspondientes a una actividad económica del sector ¿servicios?, con un movimiento estimado (según fuentes) entre 5 y 10 millones de euros diarios; tajada a la que, por razones desconocidas, renuncia uno tras otro cada gobierno.
Esa cantidad de dinero es la que se estima mueve cada día en España la prostitución. Lo quizá explicable, aunque nunca explicado oficialmente, es porqué la Administración la exime del pago de impuestos. La idea de que se trata de proteger la identidad de los clientes choca frontalmente con la decisión de algunos ayuntamientos de multar precisamente a los clientes. ¡Toma castaña!. O sea, eximo de impuestos a los que ganan un pastizal, pero a sus clientes los multo si les compran servicios. Un munícipe demenciado puede ser temible. Sin duda existen métodos para recaudar de esa actividad económica sin exponer la «honestidad pública» de sus clientes.
Otro punto a discutir podría ser el tipo de gravamen a aplicar, porque seguro, seguro, que algún fan del servicio metido a legislador optaría por aplicar el superreducido alegando que se trata de bienes de primera necesidad.
El caso es que I.R.P.F. e I.A.E. aparte, y pensando en un gravamen para el I.V.A. del 21% hablaríamos de una cantidad aproximada de entre UNO a DOS millones de euros diarios, que en la liquidación anual podría llegar al 53%. ¿Alguien puede hacerse una idea de cuál podría ser la situación del país con esos ingresos?
Pero ya saben: en España los que triunfan son los delincuentes, los golfos y los sinvergüenzas; y los macarras están en esa línea. Nuestros gobiernos sólo son capaces de castigar a las víctimas, a los empresarios honrados, a los trabajadores o a los pensionistas; es decir, a los débiles. O sea, seguirán con el 21% de nada.
Tampoco se tiene en cuenta a muchas de las personas que se prostituyen pero lo hacen, o podrían hacerlo, sin sometimiento a las mafias, y que reclaman un amparo social para lo que hacen, que no es otra cosa que prestar un servicio, mucho más digno que algunos cargas públicas que todos tenemos en mente.
Lo curioso es lo que dice el diccionario de la R.A.E. del proxeneta. Porque si la definición incluye a las personas jurídicas, muchos de nuestros diarios lo son. Anuncios de trabajo ponen uno o ninguno, pero de prostitución, los que sean menester. Eso sí: bajo palabras aparentes (masajes, relax y gilimemeces similares, pero efectivas en términos legales).
Proxeneta. Persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona.
Este temas es como el de las drogas, «sigue la droga y encontraras camellos y drogatas, sigue el dinero y te llevará a sitios muy importantes» decían en la serie The Wire. Si vemos quien hay detrás de este negocio igual nos llevamos una sorpresa… (quizás paguen un 21% pero a las cuentas de las islas caimán…)
Y para terminar… que levante la mano el que no se prostituya
Creo que es algo más de un punto de vista personal. Es una acertada reflexión sobre una realidad que habría que afrontar de una vez con valentía. La prostitución debería ser legalizada y destinar sitios para ello. Todo serían ventajas, tanto para el ciudadano que no tiene porque convivir con chulos, proxenetas, travestis, bujarrones, prostitutas, y todo lo que rodea a ese mundo, como droga, delincuencia, insalubridad, en la misma finca donde vive con su familia, como para el o la que ejerce esa «profesión tan antigua como el mundo», que estaría ejerciendo un «trabajo» remunerado, cotizando como cualquier otro trabajador, sin tener mafias detrás que les exploten, vigiladas sanitariamente y teniendo derechos como cualquier otro ciudadano. Escudarse en que legalizarlo es admitir como profesión algo que se considera denigrante, no solo es hipócrita sino que, nos guste o no, es decir que alguien no puede decidir sobre su trabajo futuro. En el mundo del «derecho a decidir», se ponen trabas de moralina rancia, a quienes quieren ejercer esa «profesión», que por desgracia es tan real como la gran mayoria de los corruptos políticos que tenemos actualmente