¿Has tratado de imaginar el volumen de negocio y la cantidad de puestos de trabajo que genera la inseguridad que te rodea?

Solo el mundo de las alarmas genera unos 2.000 millones de euros al año.

Quizá te preguntes cómo es posible que los robos con fuerza en domicilio en España, según datos del Ministerio de Interior, bajasen de algo más de 113.000 en el 2016 a poco más de 72.000 en 2020 y que algo similar sucediera en los robos con fuerza en establecimientos, y que sin embargo España sea el país de Europa con mayor número de alarmas instaladas.

La explicación (estados de excepción aparte) para este curioso fenómeno está en una palabra gradualmente introducida y gradualmente normalizada: okupación. Así, con K.

Pero no es el número de usurpaciones de vivienda (no está entre los más altos de Europa) lo que ha provocado ese auge de instalación de alarmas, sino el tratamiento que se da policial y legalmente al hecho en si y el miedo que genera. Los medios de comunicación no escatiman recursos para dar a conocer continuamente casos de personas expulsadas ilegalmente de sus viviendas por otras personas que, incomprensiblemente, son amparadas policial y judicialmente merced a una presunta vulnerabilidad que debe ser protegida; amén de tener que sufragar el legítimo propietario servicios energéticos y/o urbanos a los ocupantes ilegales.

Y una vez creado el problema, aparece el miedo… y las «soluciones».

… por todo tipo de negocios que ven en esta forma de delincuencia una oportunidad.

Y todo ello respaldado con la inducción a la solidaridad emocional presentando a la totalidad de los ocupantes ilegales como personas vulnerables necesitadas del apoyo de la sociedad y apartando al olvido a los legítimos propietarios, a ser posible acusándoles de algún «delito» como ser «ricos» o «insolidarios» o incluso «ultrafachas».